En México, el cultivo de amapola y marihuana, al igual que la producción y el tráfico de sustancias declaradas ilícitas, son delitos federales que concentran no solamente importantes recursos del sistema de procuración de justicia, sino también del sistema de seguridad pública en el que las fuerzas armadas tienen espacio cada vez más preponderante. Desde el siglo XX, los gobiernos federales en turno han hecho de su esquema antinarcótico una pieza central de la política de seguridad pública. Esta política normalmente está medida en hectáreas de cultivos ilícitos destruidas y en kilogramos de marihuana asegurada.
Así, a casi un siglo de que se reportaran las primeras destrucciones de cultivos en Sonora y a 17 años de que el expresidente Calderón ordenará el envío masivo de tropas a Michoacán para intensificar la “guerra contra el crimen organizado”, las acciones de interdicción de la oferta de drogas no parecen contribuir a reducir la violencia en el país. Por el contrario, bajo la justificación de preservar la seguridad pública, la estrategia antinarcótica ha dado pie a múltiples violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes del Estado y a una agudización de conflictos entre civiles armados.
En este contexto, desde MUCD consideramos necesario monitorear y evaluar los efectos generados por las acciones antidrogas. Sin embargo, este tipo de ejercicios requieren un acceso a datos detallados y actualizados que, actualmente, no se divulgan de forma proactiva por las distintas dependencias del gobierno federal que participan en el esquema antinarcótico.
Por ello y con el doble objetivo de 1- transparentar las acciones de interdicción de la oferta de drogas en México y 2- contribuir a la generación de evidencia sobre sus efectos, MUCD abrió en 2020 una línea de investigación sobre estas “acciones antidrogas” (destrucción de cultivos y aseguramiento de sustancias declarados ilícitos).
Para obtener la información de esta plataforma se formularon el 11 de enero de 2023 tres solicitudes de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Estas solicitudes fueron dirigidas a las Unidades de Transparencia de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardía Nacional (GN) y en años anteriores enviaron a la ya extinta Policía Federal (PF), así como a la Fiscalía General de la República (FGR)1.
A diferencia de otros años, la GN negó contar con la información solicitada y fue la única institución que no cuenta con actualización de datos. Para no perder rastro de la información esta actualización mantiene los datos entregados por GN en febrero de 2022 con información de acciones antidrogas hasta 2021.
Las demás respuestas fueron entregadas en distintos formatos digitales (excel, pdf, word) e inclusive en discos físicos. Una vez recibida la información se transcribió, sistematizó y limpió con el objetivo de corregir errores de registro presentes en los archivos originales. La base de datos final que fue integrada mediante la fusión de las cinco fuentes mencionadas, contiene información desagregada por entidad, municipio, año (que comprende desde 1990 hasta el 2022), mes y diez variables que representan la destrucción de cultivos (amapola y marihuana), así como los aseguramientos de sustancias (cocaína, ETA, fentanilo, goma de opio, heroína, marihuana, semillas de marihuana y semillas de opio).
1Si desea conocer las preguntas formuladas así como el contenido de las respuestas, puede descargarlas en la pestaña de “Descarga de Datos”.